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El riesgo es inherente a la condición del ser humano por la simple y sencilla razón de ser uno
más de los componentes de la naturaleza, y dondequiera que está o viva un ser humano existen
amenazas latentes que pudiesen vulnerar la seguridad personal y patrimonial propia, de su
familia y de sus vecinos. Prevenir o minimizar los riesgos, prepararse para enfrentar un riesgo
que se transforma en amenaza cierta, recuperarse de un evento desastroso y tratar de volver a la
normalidad previa a ese evento desastroso, son actividades que componen la gestión integral de
riesgos en cualquier comunidad organizada sea una familia, comuna, ciudad, municipio, estado,
país, o similar. Los riesgos socio-naturales y tecnológicos ocurren o suceden generalmente sin
aviso previo, y una vez ocurridos no respetan fronteras o límites, en consecuencia su atención
debe ser, y en efecto es, una preocupación global, para la cual además existen acuerdos y entes
multinacionales que obligan o comprometen a los Estados partes a apoyar financiera y
operacionalmente a las países afectados por desastres. Cada Estado soberano intenta organizar
internamente una estructura funcional y operativa que le permita atender con eficacia la gestión
de riesgos dentro de los linderos de su territorio y en función de ello se redactan normas
internas de obligatorio cumplimiento que permitirán a éste definir el comportamiento adecuado de
las personas naturales y jurídicas frente a estas actividades. La concreción de esa normativa se
refleja, en Venezuela, en el articulado de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales
y Tecnológicos, vigente desde el año 2009 y la cual pretendemos analizar en su contenido
funcional y legal.