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Briceño, Y. (2009). Venezuela en siglo de cambios: nueve años de vaivenes en las comunicaciones. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", 2 (1), Artículo 5. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/

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Venezuela en siglo de cambios:
nueve años de vaivenes en las comunicaciones

* Briceño, Ysabel. Centro Nacional de Cálculo Científico, Universidad de Los Andes (CeCalCULA)

Indice

• Resumen
  1. Introducción
  2. Venezuela: ¿sociedad del conocimiento & nuevo modelo político?
  3. Punto de acceso nacional: de una opción económica a una dificultad política
  4. Conclusiones
  5. Referencias Bibliográficas

• Resumen

En los primeros años del siglo XXI, los países de América Latina han requerido construir nuevas políticas públicas que impulsen las telecomunicaciones. En medio de un modelo que se fortalece alrededor de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), esta experiencia tiene como base importante, cada vez más, acuerdos negociados entre los diversos sectores de la sociedad, cuyas relaciones demandan confianza como valor indispensable para regular los nuevos escenarios. En este contexto, se resumen las transformaciones experimentadas en Venezuela en el marco institucional y jurídico de políticas públicas en el tema de las telecomunicaciones, durante un período en el cual el Estado establece cambios estratégicos en torno al manejo de la información.

Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) / Políticas Públicas en TIC / Historia TIC en Venezuela

Recibido: 26 de mayo de 2009
Aceptado: 15 de junio de 2009

Abstract

During the first years of century XXI, Latin America countries have moved to build new public policies to boost the telecommunications. Within a model that becomes stronger around Information and Communication Technologies (ICT), this experience is based, more and more, through agreements negotiated among various sectors of the society, whose relations claim to trust each other an indispensable asset to regulate new scenarios. In this context, it is summarized the transformations experienced in Venezuelan institutional and legal framework for public policies concerning the field of telecommunications, in a period in which the State establishes strategic changes for handling the information.

Key words: Information and communication technologies (ICT) / Public policies in ITC / ITC Venezuelan history

Submission date: May 26th 2009
Acceptance date: June 15th 2009

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• 1. Introducción

Los primeros años del siglo XXI experimentaron cambios que de manera acelerada perturbaron aquellos esquemas de interrelación generados desde la segunda mitad del siglo XX. A grandes rasgos, un proceso globalizador que reacomoda la presencia de los espacios locales y una avanzada tecnológica que propicia nuevas capacidades mediáticas, van a definir un contexto particular en los procesos de interacción colectiva que pasan a constituir gran peso en la socialización de códigos de la democracia contemporánea, en medio del fortalecimiento de un modelo centrado en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Con una definición aún inconclusa de un nuevo mecanismo de transmisión e intercambio de información, el uso de Internet y la presencia de la World Wide Web (www)1 erige  esperanzas alrededor de posibilidades en algunos temas que requerían cambios para oxigenar la democracia, como el caso de fuentes alternativas de comunicación, eficiencia del Estado, ciudadanía activa y acceso a la información en una gran variedad de ámbitos.

Puede resumirse que el agotamiento de la interpretación lineal del progreso científico y tecnológico, expresado desde los años setenta en una postura escéptica hacia las bondades de la tecnología, impulsa la necesidad de postular una sociedad alternativa, descentralizada, participativa y con una relación armónica con la naturaleza, toda una propuesta que encuentra más adelante asidero en la naturaleza de Internet como un nuevo mecanismo de información, derivado de innovaciones tecnológicas y que los teóricos de la Sociedad de la Información habían pasado a señalar como cambios positivos, tal como lo señala Colina:

En una economía global interdependiente, la información pasa a ser la fuerza motriz. Las NTCI (nuevas tecnologías de comunicación e información) son consideradas tecnologías ecológicas, no contaminantes…Para los teóricos de la sociedad de la información, la telemática hace posible la democracia directa…la participación se ha hecho viable tecnológicamente con los ordenadores…(2003. p.43).

Luego de más de veinte años de estas promesas, todavía caben las dudas. Apocalípticos e integrados siguen haciendo uso de sus argumentos en medio de determinismos tecnológicos o sociológicos; en otros casos, ha llegado a avanzarse a enfoques más complejos para comprender los cambios, favoreciendo explicaciones contextuales que reconocen la complejidad y la indeterminación de los procesos históricos (Scranton, citado por Colina, 2003, p.23).

Más allá de esto, la aparición de Internet promueve en la práctica un verdadero cambio en torno al manejo de la información y los procesos de la comunicación (velocidad, distribución, interactividad, autonomía, por nombrar algunos aspectos) y empuja a establecer una Sociedad de la Información que aún es dinámica para llegar a una definición última, como bien lo suscribe la declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre este tema, celebrada en Ginebra:

“La Sociedad de la Información es un concepto en plena evolución que ha alcanzado en el mundo diferentes niveles como reflejo de diferentes etapas de desarrollo. Los cambios tecnológicos y de otro tipo están transformando rápidamente el entorno en que se desarrolla la Sociedad de la Información” (2003).

Se trata de “un proceso complejo e inacabado que implica abundantes desigualdades pero que, también, significa modificaciones reales en la vida de las personas” (Trejo, 2006, p. 75). El paso a las nuevas tendencias de una web “centrada en el usuario”, calificada como la web2.0 es una condición tan reciente como inexplicada hace pocos años atrás y que sigue amparándose en una idea distribuida, muy compleja y autónoma en el manejo de la información como para tener una idea acabada del asunto. Eso sí, pareciera apuntar con más fuerza a una idea democrática en el proceso de la comunicación social, comparada con los escenarios del siglo XX.

Este modelo centrado en las TIC empieza a incidir en las economías mundiales, pero también a influir de una manera distinta a los otros medios de comunicación (telefonía, radio y televisión), tanto en procesos formales, como en ámbitos de entretenimiento, e impulsa mecanismos de  redes tanto en lo cotidiano como en la organización del trabajo; en lo privado, y en lo colectivo. El fenómeno de Internet sorprende con sus esquemas de distribución de la información, y añade al sector de telecomunicaciones un nuevo perfil que impulsa el compromiso de los países a apuntar a una sociedad interconectada con una plataforma a la cual se exige acceder en forma asequible. 

Tomando en cuenta el impacto positivo que pudiera generar el uso de Internet en algunos aspectos de la sociedad, como sistemas de salud, educación y ciudadanía, se han erigido manifiestos internacionales en función de preparar a los países para adaptarse a estas nuevas exigencias. Como ejemplo, las Cumbres Mundiales de la Información (Ginebra, 2003; Túnez, 2005) han apuntado a diseñar planes estratégicos para estos fines. El Compromiso de Río y el Plan de acción eLAC 2007 demuestran la importancia del tema para América Latina y El Caribe. El Componente TIC del Proyecto Andino de Competitividad, impulsado por la Corporación Andina de Fomento promueve políticas al respecto.

Para atender a este mandato, los países de América Latina han requerido construir nuevas políticas públicas que impulsen  el sector de las telecomunicaciones en este siglo, una experiencia que tiene como base importante, cada vez más, acuerdos negociados entre los diversos sectores de la sociedad, cuyas relaciones demandan confianza como valor indispensable  para regular los nuevos escenarios. 

Uno de los asuntos aún en definición y que se encuentra en pleno proceso de aprendizaje, es el tema de la manera de gobernar Internet; su organización administrativa y su posible supervisión ante una demanda de usuarios -aún pequeña, pero de tendencia creciente-, son temas de reciente discusión que tienen como avance la idea de conservar Internet al margen de las tentaciones de supeditarla a los Estados nacionales o a otras organizaciones2. Esto hizo que la Declaración de Principios de Ginebra estableciera efectivamente que los asuntos de política pública en el tema sean un derecho soberano y responsabilidad de los Estados. Pero también enfatizó el papel importante del sector privado en los campos técnicos y económicos, así como el de la sociedad civil en el tema.

Se trata de la conformación de ese capital social para la que se ha exigido, más allá de la necesaria competencia en las diversas áreas de desempeño, una formación amplia e integral de los individuos en los diferentes niveles educativos. En este sentido, el aprendizaje cultural pasa por la capacidad de quienes conforman los cuadros de decisión política y de los sectores que presionan para tomar decisiones inherentes a marcos institucionales y jurídicos apropiados para tejer una posible sociedad red que Castells sugiere como una nueva estructura social (2001).

Para ello -como lo sostiene Colina- debemos dirigirnos hacia nuevas formas de beneficios sociales y negociar nuevas formas de contrato social. La nueva economía de mercado y las nuevas tecnologías requieren de nuevos y flexibles procedimientos de regulación institucional (2003). Pero un añadido pesa sobre los países, como muchos en América Latina, que aún no han podido solventar un aparato institucional que garantice acuerdos en este sentido, y sobre los cuales pesa una deuda histórica en temas de igualdad social. Siguiendo al mismo autor:

La contradicción más aguda de la sociedad red es la que se plantea entre el hiperdesarrollo tecnológico y nuestro infradesarrollo institucional y social y plantea un reto fundamental: la ausencia de autores e instituciones con capacidad y voluntad suficientes para asumir los retos…(p.171).

Le ha correspondido al Estado en estos primeros años del siglo XXI –con la vigilancia de diversos sectores organizados- enfrentar la transición de servicios de telecomunicaciones y estar permanentemente alerta en las políticas regulatorias, puesto que, al generarse cambios muy rápidos y cada vez mayores posibilidades de convergencia, no es fácil la coherencia, como bien lo explica Nicol:

Ante esta fusión de la tecnología y la industria en el ámbito de Internet, los gobiernos encargados de decidir las políticas y de regular la industria deben comprender este hecho y adaptar la formulación de sus políticas. Por ejemplo, no tiene sentido regular las radiodifusiones tradicionales de la manera usual si están siendo reemplazadas por las transmisiones por Internet en las que se sigue un conjunto de normas distintas. Los reglamentos tradicionales que incluyen anchos de banda restringidos y enormes costos de inversión no pueden aplicarse a las nuevas modalidades de transmisión que requieren un desembolso de capital relativamente pequeño, son de alcance mundial y están a disposición de cualquier persona (Documento en web).

Cada país de América Latina ha venido desarrollando su marco de regulación e impulso de las TIC durante este período. Asuntos en los que cabe la necesaria negociación entre el sector privado y el Estado, han tenido avances diversos que indican, en el fondo, la capacidad natural que tiene cada país para administrar los intereses económicos y fortalecer un sector como el de las TIC; por ejemplo, la tendencia o no a la monopolización de los servicios genera historias distintas durante esta década que ya casi termina. Por su lado, los proyectos nacionales de consolidación o transformación política influyen en la manera como se desenvuelve cada plataforma institucional y jurídica disponible para las TIC, y aquí las negociaciones involucran el consenso en el proyecto de sociedad que promueva el Estado alrededor del engranaje de comunicación en cada país.

Las políticas TIC se han centrado en los últimos años en postular principios de Estado frente a tres grandes áreas: las telecomunicaciones, la radiodifusión e Internet. Como toda transición, la experiencia pasa desde sustituir viejas normativas sectoriales hasta crear una política nacional que atienda las nuevas necesidades con la presencia de las TIC, lo que no siempre se logra en forma coherente. En palabras de Nicol: “Cada nivel puede contar con sus propios organismos de toma de decisiones que en ocasiones elaboran políticas diferentes e incluso contradictorias” (Documento en web, p. 11). 

En este artículo, nos ocuparemos de Venezuela, y la transformación experimentada en el marco institucional y jurídico del sector TIC, en un proceso en el que el Estado y la sociedad han aprendido y se han mirado al espejo de manera distinta en este siglo.

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• 2. Venezuela: ¿sociedad del conocimiento & nuevo modelo político?

Venezuela  inicia el siglo XXI marcada por el sello de prioridad que le confiere América Latina al sector ciencia y tecnología. En 1999, por primera vez el tema adquiere rango constitucional; el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada ese año anuncia: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía”.

Como siguiente paso, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo rol inicial fue reestructurar las instituciones existentes que fueron agrupándose alrededor de esta nueva figura, impulsar un marco jurídico apropiado y convocar a los distintos sectores de la sociedad para conformar el llamado Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCNTI). Este primer avance institucional y jurídico fue liderado por un grupo consecuente con la idea de ingresar al país en la llamada sociedad del conocimiento y en los nuevos paradigmas mundiales de organización y producción, con criterios de equidad social.

Los avances para alcanzar la voluntad política no fueron tarea fácil. En una entrevista realizada a Carlos Genatios, primer ministro de Ciencia y Tecnología e impulsor de las primeras leyes en el sector desde el año 1999, comenta que a la par de las adversidades institucionales caracterizadas por la rigidez y poca capacidad de la estructura pública para atender las exigencias del nuevo siglo en la creación de sistemas nacionales de innovación, hubo que enfrentar incomprensiones de quienes formaban parte del equipo ministerial. “Cuando hablaba de Internet, los ministros volteaban para otro lado, pensaban que se estaba hablando de game boy o nintendo o de cosas por el estilo, cuando en un par de situaciones muy críticas logramos bajar una información delante de toda esa gente, ya comenzaron a respetar el tema y se lo comenzaron a tomar en serio. Esto se aplicaba un poco a toda la serie de ciencia y tecnología, pero muy particularmente el Internet no lo tomaban en serio, por desconocimiento, fundamentalmente”.

Pese a eso, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se avanzó en el reacomodo de la plataforma institucional para coordinar el sector, concentrándose esfuerzos en  TIC, energía, salud y agroalimentación, como áreas de desarrollo estratégico. Equiparar las TIC al resto de las áreas estratégicas constituyó un gran avance. “Fue una de las áreas que propusimos e impusimos como una de las más importantes que puede permitir y estimular el desarrollo nacional, tanto por su impacto social como por su desarrollo económico y, eso fue algo que en un principio costó mucho convencer y crear masa positiva en relación a ese pensamiento. Nos planteamos básicamente generar políticas en cinco líneas: en el área de capacitación, contenido, acceso, economía digital y desarrollo del gobierno electrónico”, expresa Genatios.

En el año 2000 se aprueba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  cuyo contenido pasaría pertinentemente a sustituir el Reglamento de Telecomunicaciones del año 1940; con más de sesenta años de promulgado, este instrumento legal -el único que reglamentó el sector durante la segunda mitad del siglo XX- distaba mucho de la nueva realidad en el tema.

El espíritu de esta Ley está inserto en el marco de la libre competencia para estimular la caída de los precios y el desarrollo universal, lo cual forma parte de la apertura en el sector. Esta Ley “establece la libre competencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones, acabando con el monopolio que hasta ese momento (se) mantenía…en esta área. Confiere acceso ilimitado a servicios de telefonía fija e igual acceso e interconexión entre operadores. La Ley contempla convergencia de tecnologías y servicios.” (Genatios y Lafuente, 2007).

Recordemos que la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) mantuvo en el siglo XX su rol monopólico de los servicios de telecomunicaciones, concentrados básicamente en telefonía. Luego de una larga historia como empresa del Estado, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez decide a principios de la década del noventa, impulsar la privatización de CANTV, en el contexto de una serie de políticas neoliberales que apuntaban a la reestructuración del aparato público, con mayor participación del sector privado en el ámbito productivo.

Se establece al momento de privatizarla un período de transición para el servicio de telefonía fija, denominado “Régimen de concurrencia limitada”, con lo cual se le concede una década de prioridad a la nueva CANTV privada para que realizara un plan de modernización en la infraestructura3. Como estrategia para el sector, la privatización de CANTV se pauta entonces bajo un régimen limitado de competencia para operar  los servicios básicos, pero realizándose una apertura a la libre competencia en la operación de otros nuevos servicios. Esta nueva condición conllevó la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en la cual se centralizaron las funciones reguladoras del Estado.

Para el año 2000 debía finalizar el período de concurrencia limitada, momento en el cual CANTV parecía estar preparada para competir con cualquier empresa de telecomunicaciones, según lo aseguraba su presidente Gustavo Roosen: “CANTV ya cuenta con una infraestructura importante en telecomunicaciones del país, con acceso a las tecnologías de fibra óptica, satelital y microondas. En materia de transmisión de datos, la empresa dispone de la plataforma ATM/Frame Relay, que ofrece a los grandes clientes un sistema de transmisión con alta velocidad y calidad”. CANTV ya contaba con una infraestructura consolidada para continuar como líder en el sector y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones entró a definir las reglas para la apertura.

En el año 2001 se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y luego de ésta se aprueban otros instrumentos legales que fueron definiendo la regulación de una nueva dinámica establecida por el uso de Internet y su impacto en el aparato socio productivo,  comercial, educativo y de salud. En menos de dos años, el Gobierno venezolano declara como prioritarios el acceso y uso de Internet (Decreto N° 825), se aprueba la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y la Ley Especial sobre Delitos Informáticos, lo cual constituye un marco legal de avanzada para los novedosos mecanismos de transacción a partir de la comunicación electrónica.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología crea un Plan Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación con los siguientes lineamientos estratégicos: desarrollo de una plataforma nacional de tecnologías de información y comunicación; creación de una base adecuada de recursos humanos; modernización del Estado; y promoción de las TIC en el sector productivo. Bajo estas líneas se impulsan programas con el interés de democratizar el acceso de Internet (como el de Infocentros), consolidar la estructura pública mediante las TIC (como Gobierno Electrónico), impulsar el contenido (como portales temáticos).

Estos primeros años del siglo XXI constituyeron una serie de medidas que demostraron la voluntad política para el desarrollo de las telecomunicaciones, con la idea de lograr cambios en los modelos de gestión pública y fortalecer el rol del Estado para estimular el sector. “El nuevo paradigma requiere de cambios profundos en la concepción del papel del Estado: su rol no es el de formular políticas para implantarlas de manera vertical, con el fin de consolidar la oferta y otorgar fondos públicos, sino el de promover la participación de todos los actores sociales en la construcción conjunta de las políticas, la planificación y el control, coordinar su actuación en la ejecución, fortalecer la oferta, incentivar la demanda y promover la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología” (Genatios y Lafuente, 2007, p.26). Hasta el año 2002 fue éste el espíritu claro y manifiesto en las negociaciones para levantar las políticas públicas en el sector.

Para el año 2002, Venezuela le había brindado carácter constitucional al sector ciencia, tecnología y servicios de información, había creado órganos rectores y reguladores, aprobado una nueva Ley que regulaba el sector de telecomunicaciones y otras más específicas derivadas de la comunicación electrónica. Disponía de un Ministerio destinado a regular el sector ciencia y tecnología y de centros nacionales para la coordinación de  acciones destinadas a las TIC.

A partir del año 2003, las acciones del Estado en tecnologías de información y comunicación hacen mayor énfasis en el desarrollo del sector público y el acceso a partir de centros gratuitos al uso de Internet; se decreta el uso preferible del software libre en la administración pública (Decreto 3390, 2004), y con la idea de “democratizar el acceso al conocimiento y las TIC”, se intensifica el programa Infocentros, cuyo aumento fue significativo4. Hasta el año 2007, el marco jurídico e institucional dispuesto sirvió de base a las acciones prioritarias en TIC, encabezadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Pero en el año 2006 surge un viraje político claramente expresado por el presidente Hugo Chávez Frías, que va a generar un impacto importante en la manera de plantear las políticas de Estado en torno al sector TIC. Habiendo declarado el 30 de enero de 2005, en el V Foro Social Mundial, el impulso del Socialismo del Siglo XXI, Chávez apuntaría en adelante a una política de Estado distinta a los principios capitalistas. En su discurso de toma de posesión para su segundo mandato, declara que el socialismo a la venezolana significa “en lo político más democracia y en lo económico más desarrollo colectivo, pero para satisfacer las necesidades de los pueblos y no para que una minoría se enriquezca en detrimento de la vida de las mayorías empobrecidas y miserables”.

Este esfuerzo estuvo limitado en el año 2007, cuando los resultados de un referéndum sobre la reforma de 69 artículos de la constitución para avanzar en esta vía, se inclinaron por negar la propuesta en torno a un proyecto socialista, con un porcentaje bien cerrado entre las opciones, de un poco más de uno por ciento5.

El tono postreferendum conllevó en el Gobierno de Hugo Chávez Frías una reflexión de las razones que pudieron haber obstaculizado el éxito en la convocatoria, cuyos resultados rompieron la tendencia de éxito en el chavismo, que se había presentado en los últimos procesos electorales. Entre varias razones, no dejó de hacerse público, en medio de un discurso anti imperialista, el ataque a los medios privados de comunicación, como constructores de una opinión pública en contra de la propuesta de Chávez.

La necesidad de construir las bases del nuevo orden planteado por Chávez, inspiró la  instauración paulatina de sus valores, amparada en cambios del aparato dominante de comunicación, hasta el momento caracterizado en Venezuela por la participación del capital privado. La mejor expresión de ello, es la propuesta de Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación e Información, y presidente del canal Telesur, sobre hegemonía, cuyos objetivos se plantean lo siguiente:

Estamos hablando… de la construcción de un nuevo paradigma, de un nuevo hombre. En el fondo hay una revolución cultural, lo estratégico aquí es el cambio cultural. Estamos pasando de un paradigma donde lo individual, lo privado, lo egoísta, predomina a una situación en lo que predomina lo colectivo, lo solidario, lo cooperativo, lo social, lo público. Lo fundamental es impulsar una revolución cultural, ese cambio necesita de la creación de consensos y de la construcción de una hegemonía comunicacional de lo público en Venezuela, a mi juicio como una herramienta fundamental para esos cambios hacia el socialismo que se está planteando en el país (El Universal, 2007).

En torno a esta propuesta de hegemonía comunicacional, el gobierno venezolano ha avanzado en debilitar la capacidad institucional de los medios privados, bajo argumentos técnicos y legales. Decisiones como la no renovación de la concesión a uno de los canales de televisión de antigua data en Venezuela, la idea de “democratizar” el espectro radial, disminuyendo la participación privada, y la amenaza de cierre de otros canales privados de televisión6, así como las tensiones con los profesionales de la comunicación en torno al ejercicio de informar sobre temas vinculados al Estado, han puesto en la agenda pública el tema de la libertad de expresión. Por su parte, desde las autoridades públicas se habla de la necesidad de democratizar la comunicación, en una confusión de lo que significa el papel alternativo de los medios ante la hegemonía del sector privado.

En medio de todo, el gobierno de turno ha ido proponiendo un despliegue de la capacidad mediática con una alta inversión en el aparato de comunicación7 , así como se ha ido asumiendo la idea de controlar la estructura de comunicaciones como un tema estratégico y de soberanía nacional.

En el año 2007, el presidente Hugo Chávez Frías revierte la medida de privatización que se dio sobre la Cantv en el año 1991, al ordenar su nacionalización, nuevamente8. El 22 de mayo, luego de un proceso de compra de acciones, el Estado venezolano concreta la renacionalización de la primera corporación de servicios de telecomunicaciones en Venezuela. De este modo, las condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones cambian una vez más, con la presencia de un Estado-operador-competidor.

Pese a la incertidumbre, luego de la estatización el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, anunció que con la adquisición de CANTV por parte del Estado venezolano, no se quería aplicar políticas anticompetitivas, por el contrario, se pretendía aumentar la penetración y bajar las tarifas para llevar un mejor y más amplio servicio a todos los venezolanos9.

Chacón indicaba que se respetaría el marco legal existente en torno al caso. Pero la Ley de Telecomunicaciones parecía quedarse corta con el nuevo esquema político socio económico propuesto por el gobierno del Presidente Chávez. Pese a haber sido rechazado por referéndum la propuesta de un modelo socialista en Venezuela, la decisión de aprobar algunas leyes en distintos sectores que avancen por esta vía va haciendo en la práctica una condición evidente, aun cuando no concuerde con el marco constitucional. El sector TIC no se queda atrás. Los cambios en el esquema de producción económica y la concepción del sector de telecomunicaciones como estrategia para la seguridad nacional son nuevos componentes que no parecían tener respuesta en la Ley de Telecomunicaciones aprobada en el año 2000, cuyo espíritu se concentra en términos de la libre competencia.

El 8 de enero del año 2007 se crea el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI) bajo el Decreto Nº 5.103 sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.  Desde esta estructura se levanta otro Plan Nacional (esta vez en Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales)  2007-2013, cuyas cinco Líneas Generales cambian a: Acceso Masivo a las TIC, Soberanía e Independencia Tecnológica, Transformación del Estado, Uso y Aplicación de las TIC como Herramientas habilitadoras del desarrollo, y Modelo Comunicacional Inclusivo10.

En septiembre del año 2008 se conoce sorpresivamente la existencia de un proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, identificado como el decreto 624411. El contenido de esta nueva Ley había sido aprobado en Consejo de Ministros, y avalado por el Tribunal Supremo de Justicia; a un paso de ser remitido a la Asamblea Nacional, distintos sectores de la sociedad generaron advertencias en torno a un proyecto cuyo contenido no había sido sometido al debate público12.

El borrador de la propuesta comenzó a circular sin haber sido oficialmente reconocido por autoridades del gobierno. No obstante, la entonces ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, Socorro Hernández, declaró en entrevista para el canal del Estado, Venezolana de Televisión: “el proyecto de ley del sector se sometió a la Habilitante y estamos llevándolo ahora a la Asamblea Nacional. Las versiones que han circulado por allí son borradores, no son la versión definitiva".

Sustanciales diferencias pueden encontrarse entre la nueva propuesta, expresada en el borrador, y la ley vigente, aprobada en el año 2000.  La actual Ley de Telecomunicaciones tiene como objeto “establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades  económicas de telecomunicaciones” en un contexto de libre competencia. El borrador disponible de la nueva Ley, propone como objeto “regular las telecomunicaciones, la informática y los servicios postales, a fin de establecer la democratización del acceso a estos servicios, la seguridad en las transacciones electrónicas, afianzar la soberanía e independencia tecnológica, la seguridad y defensa de la Nación” en el marco de una economía  social incluyente, productiva, socialista y humanista13. 

Una diferencia adicional se manifiesta: sobre esta nueva Ley ha sido escasa la intención de convocatoria al debate público por parte de representantes del Estado (al menos hasta la fecha en la que se escribe este artículo) lo que la distanciaría del mecanismo de negociación que sí se hizo explícito y público en torno a la Ley de Telecomunicaciones vigente, cuyo contenido fue conocido y discutido por diversos sectores de la sociedad y, pese a las dificultades políticas del momento, logró llegarse a un consenso que trascendió las diferencias coyunturales.

De manera unilateral, se han generado debates impulsados por distintos sectores de la sociedad para discutir los cambios previstos por el Estado en la regulación de las telecomunicaciones, siempre tomando como referencia un borrador que no ha querido ser avalado por el sector oficial. Pese a los esfuerzos, la discusión ha sido desestimada por el sector oficial, añadiéndole visos de oposición política al gobierno. En torno a esto, el sector TIC está a punto de sufrir cambios en Venezuela, sin establecer acuerdos con una sociedad que crece cada vez más como usuaria de las herramientas de telecomunicaciones.

Según CONATEL, en el año 2008 veintitrés de cada cien habitantes eran usuarios de Internet en Venezuela, lo que significa un aumento considerable, comparado con aquellos primeros tiempos en los que se asomaba el tema en el Consejo de Ministros. Las herramientas disponibles en el uso de Internet apuntan a la llamada Web 2.0, con posibilidades de autonomía en el despliegue de información. La masa crítica empezó a conformarse de una mejor manera en un grupo de cibernautas de la sociedad civil que hacen uso de Internet para la conformación de redes sociales. Pese a la disponibilidad, el aprendizaje cultural para sacarle provecho a Internet, es lento. Desde la estructura pública, muchos no entienden aún para qué usarla. Las incomprensiones surgen más desde quienes toman decisiones públicas. Pero está claro que ya muy poca gente voltea para los lados cuando se habla del tema.

En el año 2009 el Ejecutivo decretó un Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional (Decreto 6649), en cuyas medidas se reguló el uso de Internet y la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas en las instituciones públicas, incluyéndolos junto a una lista de gastos que se suponían suntuarios. Esta medida generó contradicciones con las Políticas Públicas del Estado venezolano, entre las que se asume como prioritario el uso de Internet (Decreto 825), habiéndose avanzado en la práctica en procedimientos que usan esta plataforma de comunicación en gestiones como la solicitud de pasaportes, pago de impuestos, revisión de datos públicos para la contraloría social y otras actividades que claramente fueron haciendo del uso de Internet una condición cada vez más natural en el aparato público14.

En mayo del año 2009, considerando que “la política de optimización de la estructura organizativa del Estado impone la adopción de medidas tendentes a la utilización racional de los recursos públicos para aunar esfuerzos en la lucha contra el burocratismo y la ineficiencia” se ordena la eliminación del recién creado Ministerio para las Telecomunicaciones y la Informática (decreto 6.707). Las funciones para coordinar el sector ahora son distribuidas en dos ministerios, reorganizados igualmente: el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.

Al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias se le adjudica nuevamente la regulación y formulación de planes, estrategias y lineamientos del Estado en materia de promoción y desarrollo del sector de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los servicios de correo, entre otras funciones. Mientras que  al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Viviendas, se le atribuye ejercer la rectoría de las políticas públicas en materia de administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, recurso órbita-espectro y otros recursos limitados de telecomunicaciones, nombres de dominio, direcciones y numeración en materia de Internet, así como en el ámbito de las obligaciones de Servicio Universal, como principal función inherente al sector.

En menos de dos años, las políticas públicas en el tema de las telecomunicaciones han sufrido en Venezuela vaivenes y reacomodos que reflejan la adaptación del modelo de una sociedad cuyas comunicaciones dependen cada vez más de tecnologías distribuidas y desconcentradas (y de donde se derivan conductas autónomas y alternativas en el manejo de la información), a una propuesta centralizada por parte de un Estado que busca el predominio del aparato comunicacional, paradójicamente en defensa de una condición  también alternativa y autónoma frente al sector privado.

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• 3. Punto de acceso nacional: de una opción económica a una dificultad política

Como caso de estudio en el tema de las negociaciones surgidas entre diversos sectores de la sociedad venezolana para acordar políticas específicas y decisiones en torno a la plataforma de comunicación, hemos trabajado puntualmente la evolución histórica de la discusión sobre un posible punto de acceso a la red, conocido por sus siglas en inglés como NAP (Network Access Point)15. 

En el contenido del borrador del nuevo proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales fue incluida la creación de un  Punto de Acceso Nacional promovido por el Estado. La disposición décimo octava de las disposiciones finales dice:

“El Ejecutivo Nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República, al objeto de utilizar de manera más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector”.