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La mayoría de los países con altos índices de inflación, han elab rado normas para corregir la distorsión producida en los estados financieros cuando en una economía se encuentra presente ente flagelo. Venezuela no ha escapado de esta situación, por lo que la Federación de Colegios de Contadores Públicos, ha elaborado normas para regular la presentación de la información financiera, las mismas se encuentran sustentadas en Normas Internacionales (NIC). Asimismo, el Gobierno Nacional a través de la Ley de Impuesto Sobre La Renta (1992) reformada en el año 2001, establece una normativa para incorporar los efectos de la inflación en la determinación del enriquecimiento neto gravable. Como puede observarse, el ajuste por inflación puede realizarse bajo la metodología financiera y fiscal lo cual lleva a la necesidad de evaluar estos métodos para determinar cual de ellos proporciona información útil y razonable al momento de precisar el patrimonio de los accionistas y tomar decisiones que puedan afectar el pago de dividendos o el análisis de créditos. Del estudio realizado se puede decir que ambas metodologías no arrojan los mismos resultados, la DPC 10 busca medir la eficiencia de la empresa a través de la gerencia, mientras la Ley de Impuesto Sobre la Renta sólo busca producir un efecto en la renta gravable del contribuyente sin importar si este es eficiente o no con el manejo de la inflación. Es importante señalar que ambas metodologías tienen objetivos similares, es decir reconocer el impacto de la inflación, igualmente utilizan como base los costos históricos. Sin embargo destaca que el ajuste financiero es una norma emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, mientras el ajuste fiscal es emitido por el Gobierno Nacional a través de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, el primero publicado durante el año 1992 el segundo durante el año 1991.